ARTICLE FORÇA ACLARIDOR

JORDI BARBETA (La Vanguardia 1/11/2009
La situación política es mala o muy mala para la inmensa mayoría de los ciudadanos y la situación económica asusta a cuatro de cada cinco catalanes y a nueve de cada diez españoles, según datos de Noxa. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inspira poca o ninguna confianza a tres de cada cuatro españoles, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, que es la única persona que podría sustituirle en condiciones de normalidad democrática, todavía inspira menos.

Es hasta cierto punto lógico, cuando tanta gente se ha quedado sin trabajo en tan poco tiempo. El país va camino de los cinco millones de parados. Los organismos internacionales aseguran que España será el último país del área occidental en recuperarse, pero no tienen ni idea de cuándo empezará. El Gobierno lleva semanas prácticamente desaparecido de las portadas de los periódicos con la excepción de su sonora derrota en el debate de presupuestos, que todos los medios subrayaron como la evidencia de que el Ejecutivo es incapaz de generar confianza. Se las prometía felices Zapatero con su agenda internacional que había de convertirle en líder planetario, pero su mayor ofensiva diplomática, con visita incluida a la Casa Blanca, ha pasado inadvertida: la prensa capitalina anda ensimismada con las diversas crisis que afectan al principal partido de la oposición, mientras los medios catalanes se entregan en cuerpo y alma al doble ejercicio de la autoflagelación y el linchamiento tras descubrirse que el mecenas del orfeón era un vulgar ladrón.

Ni siquiera cuando el golpe del 23-F la democracia española se vio tan débil. Hay psicosis de corrupción política generalizada y obsérvese que afecta sobre todo a las tres fuerzas políticas PSOE, PP y CiU que suelen relevarse en la articulación de mayorías parlamentarias estables. Y es precisamente en esta circunstancia que se ha abierto un conflicto de incalculables consecuencias entre un juez y políticos de todas las tendencias. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le juzga o no por prevaricación y de que el Consejo General del Poder Judicial le suspenda o no de sus funciones. Todas las querellas e iniciativas contra Garzón tienen procedencia política y el juez de la Audiencia Nacional se emplea a fondo contra los políticos, sean del PP (Gürtel), socialistas (Santa Coloma) o nacionalistas (Pretoria), hasta el punto que en el caso catalán ordena prisión incondicional para los políticos y en cambio concede la libertad bajo fianza a otros detenidos con mayor número de imputaciones. ¿Qué se diría y qué ocurriría si tras meter a tantos políticos en la cárcel, el juez Garzón fuera suspendido, juzgado o condenado? Otro juez, Antonio Di Pietro, fue capaz de acabar con el sistema de partidos de una democracia tan sólida como la italiana. Luego se dedicó a la política. De Garzón se sabe que tiene ambición política, lo que no ha trascendido todavía es si es monárquico o republicano.